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NOTAS

28 de noviembre de 2020

LA FORMULA DE MOVILIDAD PREVISIONAL Y SU IMPACTO EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Por Graciela Rolhiaser y María Eugenia Cuartango

Hoy la previsión social en Argentina se encuentra en un lugar central de la agenda de discusión de las políticas sociales y laborales, como también el impacto que ellas significan en las dimensiones económicas y en el bienestar de las personas. Hablamos de uno de los nueve subsistemas establecidos por el Convenio 102 de OIT como norma mínima de la Seguridad Social en el marco de principios de justicia social, equidad, universalidad y solidaridad.

Los desafíos que actualmente enfrenta este gobierno en relación a este tema, son los de dotar de un sistema sustentable de carácter universal requiriendo decisiones políticas que alcancen la equidad en la cobertura, el financiamiento y la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema previsional.

A diciembre del año pasado preocupaba las condiciones de vida de las personas mayores producto de las políticas económicas llevadas a cabo durante los últimos años del macrismo y de la situación de retroceso y deterioro del poder adquisitivo de los y las jubiladas, lo que afectó notablemente sus capacidades de compra de bienes de consumo básicos como también los medicamentos sufriendo los recortes del PAMI en sus prestaciones y coberturas. Se calcula que durante los 2 años de vigencia de la Ley 27426 del 2017 que establecía un índice de movilidad jubilatoria con aplicación de cálculo trimestral, con una inflación del 54%, el haber mínimo cayó un 19,5% en términos reales.

El financiamiento es cuestión central, tenemos un sistema de solidaridad intergeneracional y en la actualidad existen 6,9 millones de beneficiarios previsionales y 11,7 millones de aportantes, vale decir que por cada beneficiario o beneficiaria existe 1,69 personas que aportan. Claramente los recursos propios son insuficientes, se requiere de la afectación de recursos provenientes de la recaudación impositiva del Estado. Cualquier incremento de los haberes previsionales impacta considerablemente sobre el presupuesto nacional. Requiere de medidas responsables para atender a esta masa de personas que merecen una mejora en sus ingresos de manera urgente y un equilibrio de las cuentas del fisco.

Las primeras medidas tomadas por la actual administración fueron las de privilegiar los derechos sociales por encima de otros intereses aplanando la pirámide y favoreciendo a los que menos percibían, hablamos de un universo que históricamente alcanza un 65% del total de personas jubiladas, se suspende la movilidad que había creado Mauricio Macri en el 2017 y durante el trascurso del 2020, se aplicaron subas por decreto y bonos extraordinarios a jubilaciones, pensiones y AUH de los meses de diciembre, enero y marzo para estas jubilaciones más bajas, también se suspenden el cobro de las cuotas de los créditos ANSES; el congelamiento de tarifas públicas y se establece  la provisión de medicamentos sin cargo para los y las afiliadas de PAMI. Esto permitió atenuar los efectos de la pandemia y que las prestaciones mínimas hayan recuperado más del 5% de su capacidad de compra.

Con la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública se protege la sustentabilidad del sistema, cosa que no ocurría con la suspendida Ley 27426 la que claramente lo ponía en riesgo al no tener correlación efectiva entre la movilidad y los recursos disponibles. Se crea la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional que trabajó durante meses, debatiendo la mejor fórmula que garantice formas de mantener el poder adquisitivo, restricciones, variables de actualización, sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo, comparación con países de la región y elaboración de propuestas para el futuro.

La fórmula de movilidad que propone el Gobierno de Alberto Fernández (elaborada tomando los principales argumentos presentados por las y los expertos que expusieron en la citada Comisión busca consolidar acuerdos sociales de largo plazo. y pretende favorecer las jubilaciones y pensiones a partir de 2021. Contempla dos aumentos anuales (en marzo y septiembre), compuesta por un 50% de la variación semestral del valor de RIPTE(1) y un 50% de la Recaudación Tributaria(2) La fórmula presentada por el Gobierno es similar a la que se aplicó en 2008 (3), durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ese esquema fue reemplazado en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Dicha fórmula basada en recaudación y salarios hizo que los aumentos de los jubilados superaron a la inflación en ese entonces, salvo algunos semestres. “En total, le ganaron 25,8% a la inflación, mientras que cuando se suspendió la fórmula con Macri, los jubilados habían perdido un 19,5%” como menciono más arriba.

Esta fórmula garantiza que, en momentos de crecimiento, las y los beneficiarios se vean favorecidos ante el aumento de los salarios y la recaudación por sobre la inflación. Tiene lo que muchos juristas han llamado “sustentabilidad jurídica” al recuperar la esencia de la fórmula de 2008 que no ha tenido litigios y también dejar atrás el método de aumento por decreto del ejecutivo, como ocurría previamente.

En unos días el Gobierno deberá tener definido el cuarto aumento por decreto de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales que regirá durante los próximos tres meses que van de diciembre a febrero 2021. En tanto, se espera que el primer aumento del año próximo, en marzo, surja de la fórmula de movilidad que apruebe en las próximas semanas el Congreso Nacional.

Es proyección del Gobierno bajar la inflación, y se prevé un aumento de la recaudación en 2021, lo que generaría un aumento del 32% para los y las beneficiarias de nuestro sistema previsional. Entendemos que resulta necesario que el Congreso apruebe el proyecto oficial porque se basa en el equilibrio del Sistema Previsional en función de sus fuentes y las dinámicas de financiamiento. Además y como lo dicen los expertos se  reducen los rezagos respecto de las dos fórmulas anteriores.

 

  1. RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.
     Las variaciones de la RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria del Régimen General del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.
     Su publicación se realiza a los 45 días de finalizado el periodo correspondiente debido al tiempo que transcurre entre la recepción y el procesamiento de las Declaraciones Juradas que los empleadores presentan ante la AFIP
  2. variación interanual del semestre, se encuentra ajustada (dividida) por la cantidad de beneficios por la variación de los salarios.

Así lo afirma el abogado Miguel Angel   Fernández Pastor considerando como buena la noticia en “La Fórmula de Movilidad Jubilatoria del Gobierno es muy buena, casi idéntica a la de Boudou” publicado en  el sitio www.conclusión.com.ar

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