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NOTAS

6 de febrero de 2021

Pandemia y Trabajo

Por: Mario Mobilio y Oscar Cuartango

Nadie puede desconocer que la Pandemia de COVID 19 ha actuado como catalizador de distintos fenómenos sociales en los que la extensión y masificación del uso de las tecnologías viene ocupando un rol central. Seguramente cuando el transcurso del tiempo nos permita adquirir perspectiva histórica dimensionaremos el verdadero alcance y profundidad de los cambios. 
En este contexto tan particular, las acertadas medidas sanitarias adoptadas por el gobierno para combatir al coronavirus, han exacerbado en nuestro país dos fenómenos emergentes de la tecnología aplicada a las relaciones laborales: por un lado el “Teletrabajo” y por el otro los servicios de reparto domiciliario o “deliverys” canalizados mayoritariamente por trabajadores que se desempeñan en las denominadas “Plataformas Digitales”.
El Teletrabajo se encuentra legislado y reglamentado y a su respecto nos hemos pronunciado en muchas oportunidades y en distintos ámbitos a los cuales en homenaje a la brevedad expositiva nos remitimos, limitándonos a manifestar que recepta las inquietudes y puntos que entendemos fundamentales
Respecto de las denominadas plataformas digitales para entrega de productos, como modelo de negocio, irrumpieron en el mercado laboral de la Argentina hacia el año 2011 pero recién adquirieron vigor a partir del año 2017.
Estos modelos empresariales se presentan a sí mismas como “empresas informáticas” que procuran solamente el encuentro entre clientes y prestadores de servicios y se reconocen a sí mismas como simples intermediarias que no operan en un sector específico, como es la entrega de infinita gama de productos a domicilio o de transporte de personas o hasta de alojamientos turísticos o temporarios. 
Sin embargo, en múltiples aspectos han alterado el orden de derechos de trabajadores y trabajadores de los cuales se sirven para el cumplimiento de sus fines.
Justamente, respecto a los repartidores o deliverys, el pasado jueves 16 de julio, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se modificó la Ley Nº 5526 del año 2016 que había sido sancionada por unanimidad y que incorporaba al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Registro Único de Transporte en Motovehículos y/o Ciclorodados (RUTRAMYC) en el que debían inscribirse obligatoriamente las prestadoras del servicio que no son otra cosas que las “plataformas digitales”. Esa norma obligaba a su vez a éstas a acreditar el alta temprana de sus conductorpes para la habilitación, por lo que en forma indirecta y en una norma de tránsito reconocía la relación de dependencia. 
Lamentablemente, la reciente modificación importa un retroceso en materia de reconocimiento de derechos laborales, eliminando esas categorías y, de ese modo reconociendo al formato como extraño a una relación de empleo dependiente entre plataformas y repartidores.
La norma, por supuesto votada por el oficialismo porteño y sus bloques aliados, retoma la noción añorada por este tipo de empresas de reconocerlas como simples intermediarias de la oferta y la demanda, eximiéndolas así de toda responsabilidad en el cumplimiento de la normativa laboral, tributaria y de seguridad social. 
Por el contrario, el nuevo “Registro Único de Transporte en Motovehículos” obliga a la inscripción de los trabajadores de las plataformas como repartidores acreditando su condición tributaria para ello. Es decir que no sólo no se reconocen los derechos de este segmento de trabajadores y trabajadoras, sino que además se les impone una carga impositiva adicional por trasladarse ejerciendo sus labores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su exclusivo costo y carga. 
De este modo, las empresas de plataformas conservan la impunidad de sus servicios y las altísimas comisiones impuestas a los comercios por el servicio, siempre a costa de este segmento segregado e ignorado de trabajadores y trabajadoras, que continúa prestando un servicio altamente exigido en el desarrollo de esta pandemia, sobre todo, sin protección laboral, ni ART, ni prestación de insumos básicos de protección sanitaria.
Tenemos que reconocer, sin embargo, que no debería ser competencia de los gobiernos locales regular la cuestión, ni siquiera indirectamente mediante la legislación de tránsito como recientemente modificada Ley Nº 5526. Creemos que, en este tema, el Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo se encuentran en deuda, ya que los trabajadores y las trabajadoras de plataformas deben ser considerados en forma urgente para establecer un régimen de protección y resguardo en el marco de una relación de dependencia y, por tanto, reconocidos como sujetos de la legislación laboral.
En todo caso será materia de discusión, análisis y debate si ese reconocimiento lo es,ñ bajo un régimen especial estatutario o si lo es mediante una expresa inclusión dentro del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que no admite grises es la existencia de relación de dependencia.
No ignoramos que con estas afirmaciones nos estamos involucrando en una puja con intereses poderosos y con enorme capacidad de lobby en contra de esa posición. Tampoco desconocemos que esos sectores apoyarán su discurso en la apología de la meritocracia, el emprendedurismo y el cuentapropismo, impulsados por la frustrada reforma laboral regresiva que propicio Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) durante los 4 años que le tocó gobernar los destinos de la patria.
A pesar de ello no nos queda lugar a dudas del lugar en que debemos posicionarnos para resolver la cuestión respecto de ambas temáticas: del mismo lado que impulsa el Papa Francisco y la Organización Internacional del  Trabajo, del lado de los más débiles, procurando hacer efectiva la Justicia Social, dogma del peronismo al que pertenecemos.

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