“La producción de cultivos comercial (no de autoabastecimiento o de subsistencia) es la actividad económica fundamental de propietarios y arrendatarios de tierra, empresarios PyME en su mayoría. Producen cultivos a escala extensiva que se transforman en alimentos y que se venden al mercado local e internacional, contribuyendo a la generación de riqueza para un amplio sector productivo de nuestra provincia, permitiendo la soberanía alimentaria y aportando al estado provincial y nacional con sus impuestos.
A escala extensiva, para la protección de los cultivos del ataque de insectos y enfermedades y de la competencia de malezas se utilizan los plaguicidas, sin los cuales no es posible obtener un nivel de productividad adecuado para las actuales condiciones del mercado.
En Argentina existe autoridad de gobierno para regular la utilización de esta tecnología, como para otras del sector de la producción y de los servicios.
Quien es la autoridad:
-Ministerio de producción (ex de agricultura), de ambiente, de salud.
-Organismos Nacionales: SENASA (servicio nacional de sanidad y calidad
agroalimentaria)
Reflexiones y preguntas sin respuesta cierta, que podemos hacer en estas circunstancias:
-Tiene o no capacidad el estado entrerriano para proteger a todos los habitantes atendiendo al derecho, la justicia, la equidad.
-Quién defiende a los productores frente a medidas totalitarias ejercidas desde el mismo estado, en este caso el poder judicial. Un fallo de la justicia que prohíbe en forma inmediata la utilización de una tecnología aprobada, regulada y fiscalizada por el mismo estado y que constituye la base del actual sistema de producción de cultivos, sin pruebas oficiales fehacientes de los riesgos aludidos, es una medida totalitaria. La medida ignora la imposibilidad de realizar cambios inmediatos en sistemas de producción complejos, no ofrece una alternativa real ni tampoco políticas
que acompañen una transición para las empresas.
-El fallo no prohíbe una actividad prescindible, por el contrario, prohíbe una actividad de importancia primaria para los damnificados y la sociedad en general; la producción de alimentos que es la base de la soberanía alimentaria. Una actividad específica de los productores agropecuarios de la cual son “cautivos” por herencia, vocación y especialización.
-Hoy los productores rurales, sus familias y muchos otros afectados del sector productivo perciben al gobierno como un estado totalitario, ineficiente. No tiene la capacidad de proteger a parte de la población sin castigar severamente a otra gran parte de la misma población. De mantenerse el fallo, la gran mayoría de los productores agropecuarios
PyMES alcanzados por la prohibición están condenados a cesar su actividad, disminuir sus ingresos más allá de lo posible y, en consecuencia, a mal vender sus tierras a otros actores comerciales que seguramente tomarán partido de esta situación.
-Es una paradoja nefasta, generada por un estado ya cuestionado en su capacidad de cumplir con su función de gobernar la provincia, que está condenando a un sector de la población entrerriana que se ocupa de producir bienes y servicios y contribuyen con sus impuestos al sostenimiento del mismo estado. La paradoja consiste en que un poder
del estado, el judicial castiga a los ciudadanos productores agropecuarios porque otro poder de ese estado, el ejecutivo, no puede demostrar que protege la salud de docentes y alumnos de escuelas rurales, desempeñando su responsabilidad de fiscalizar el uso de la tecnología empleada.
-Nos preguntamos ¿a quien debería consultar el poder judicial (jueces cuya misión es administrar justicia para todos los ciudadanos) para emitir un fallo semejante? Consultar a las autoridades legítimas nacionales e internacionales, o consulta a las ONG, a los gremios u otros que quieran intervenir motivados por intereses ajenos a los temas tratados
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