por Pedro Aguer
El cooperativismo y el mutualismo merecen ser puestos en situación de acuerdo a lo que sostiene la Constitución de Entre Ríos de 2008, en su Art. 76, cuyo antecedente es el Art. 41 de la Constitución de 1933.
En ambos textos se obliga al Estado Provincial a fomentar y proteger a las instituciones de este carácter, impulsándolas como herramientas organizacionales de una economía que se caracteriza por su respeto a las necesidades sentidas de la población.
Encarar la economía de esta forma resulta ciertamente difícil si no se cuenta con una educación que tienda a formar una conciencia solidaria.
Por ello se ha legislado para que el cooperativismo se enseñe en las escuelas y demás establecimientos educacionales.
Ello implica que se dicten cursos de capacitación a los docentes. Ya se están realizando actividades con esta tendencia, lo que tiene también antecedentes de gestiones gubernamentales, desde la recuperación del Estado de Derecho, en 1983.
En Entre Ríos contamos con una tradición respecto de estos temas, en lo que se han destacado muchos políticos y militantes del sector, cuya enumeración nos haría cometer olvidos injustos.
De las carreras de profesionales que se cursan con nivel universitario han egresado cooperativistas y mutualistas formados como para que se eche manos a este recurso humano idóneo.
Si estamos comprometidos con la economía social necesitamos desenvolver gestiones que reafirmen su accionar cada vez con mayor énfasis.
No se trata de entidades perfectas, pero evidentemente están articuladas para su aproximación a tal calidad en la medida que los integrantes de las existentes como de quienes decidan formar nuevas, se concienticen de la importancia que tiene conocer la doctrina y la legislación, en cuyo marco se realizan estas empresas.
Más vale ser cooperativista y mutualista a que haya muchas entidades.
Si quienes las integran no saben cómo administrarlas y cómo ser fieles a los principios filosóficos que rigen sus comportamientos éticos, las estructuras no alcanzan, y hasta pueden prestarse para encubrir maniobras especuladoras como si se tratase de organizaciones capitalistas. Las cooperativas y las mutuales son sociedades de personas, donde no vale más el que más tiene sino que todos son iguales en el desempeño político interno y equitativo en la distribución de los resultados.
Debe primar por sobre todas las cosas una conciencia solidaria y una disposición inquebrantable para el ejercicio de la democracia. Sea cual fuere el sistema imperante en cualquier país, en las entidades que nos ocupan se practicará la democracia, aunque en los países no se vote. Como ocurre en donde se practica la monarquía o la autocracia en sus diversas formas.
La administración debe ser transparente, y esencialmente sin fin de lucro, lo que les hace merecedoras de eximición de impuestos que gravan la ganancia. Estas empresas no persiguen ganancias especulativas sino la transformación de sus excedentes en servicios y bienes que promuevan el desarrollo personal de sus asociados.
De nada sirve una cooperativa o una mutual promisorias y de destacado desarrollo económico si sus socios son pobres.
Los integrantes de estas empresas deben participar en las asambleas, donde se deciden los grandes temas y se proyectan las políticas a seguir, como la elección de autoridades; pero también pueden hacerlo requiriendo la información que consideren necesaria, pues son los verdaderos dueños de las mismas.
El Estado debe asistirlas y respetar su naturaleza jurídica, ejerciendo el contralor que le otorga la legislación vigente e impidiendo que se transgreda tal naturaleza mediante reemplazos con empresas de carácter capitalista, como ha ocurrido.
Como puede apreciarse estamos en condiciones de practicar una economía al servicio del hombre en lugar de una economía de especulación acumulativa. Ello nos obliga a tomarla con la responsabilidad propia de quienes deseamos vivir un mundo más justo, más igualitario y más equitativo, que por cierto es posible.
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