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Entre Ríos: Sancionan la Ley de Consorcios Camineros para acelerar la recuperación de la red vial rural

La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó la sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que busca transformar la gestión y conservación de los caminos rurales en el territorio provincial. La norma fortalece un modelo participativo al articular el financiamiento y el esfuerzo del Estado, productores agropecuarios y gobiernos locales.

El nuevo marco legal autoriza la incorporación de asociaciones civiles sin fines de lucro para encarar el mantenimiento, reparación y mejora de trazas de tierra y ripio, quedando siempre bajo la supervisión técnica, contable y administrativa de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El director administrador de la DPV, Exequiel Donda, remarcó la urgencia de esta herramienta estructural:”El espíritu de la ley busca una solución descentralizada, ágil y solidaria que une a vecinos y productores rurales para cuidar y reparar los caminos de la región. Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento. Seguir de la misma manera es continuar con ese fracaso; por eso son necesarias todas las partes.”

Dimensión del desafío de la infraestructura entrerriana

La problemática vial impacta directamente sobre la logística de salida de cosechas y el transporte ganadero. La escala del trazado provincial comprende:

  • Caminos de tierra: ~24.000 km
  • Ripio o brosa: ~4.000 km
  • Rutas pavimentadas: ~2.000 km

Actualmente, operan solo 10 consorcios camineros que cubren 1.467 kilómetros, junto a dos más en proceso de formación. La nueva ley brinda previsibilidad jurídica para expandir esta modalidad asociativa en más distritos.

Claves del esquema operativo y mecanismos de control

Gobernanza participativa: Los consorcios operarán como entidades de bien público constituidas por productores, vecinos, municipios, comunas y juntas de gobierno, con voz y voto en sus comisiones directivas.

Fiscalización estatal: La DPV mantendrá el rol de autoridad de aplicación con auditoría técnica, contable y administrativa. Adicionalmente, el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos ejercerá el control externo sobre la ejecución de fondos públicos.

Capacidad ejecutiva: Las entidades podrán realizar obras directamente o contratar a terceros, previa validación del proyecto técnico por parte de los ingenieros de Vialidad.

Requisitos para la constitución de nuevos consorcios

  • Para formalizar una nueva entidad, los interesados deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Conformar una Comisión Promotora con un mínimo de 7 integrantes.
  • Acreditar una nómina no menor a 20 socios activos (propietarios, arrendatarios e inquilinos dentro de un radio de hasta 50 km de los caminos a intervenir).
  • Presentar un croquis delimitado de la red vial propuesta para mantenimiento.
  • Dictamen técnico de la DPV en un plazo máximo de 60 días.

Red bajo gestión consorciada actual (1.467 km total):

La Micra: 263 km

Santa Anita: 196 km

Urdinarrain: 180 km

Gilbert: 166 km

La Esperanza: 157 km

Perdices: 140 km

Crucesita Octava: 135 km

Alarcón: 116 km

Colonia San Jorge: 101 km

Isleta Norte: 13 km

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