Con el objetivo de frenar la creciente ola de delitos en las zonas productivas, los dirigentes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvieron este jueves una reunión clave de trabajo con el Ministro de Desarrollo Económico, el Secretario de Justicia y altas autoridades de la Jefatura de Policía provincial.
Durante el encuentro, los representantes del sector agropecuario —integrado por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Sociedad Rural Argentina (SRA) Distrito Entre Ríos, la Federación Agraria Argentina (FAA) y FEDECO— pusieron sobre la mesa una propuesta central: la creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Rurales.
Según explicaron desde el ruralismo entrerriano, contar con un fuero específico resulta una herramienta indispensable para agilizar la investigación y garantizar la persecución penal en casos de abigeato, sustracción de insumos y herramientas, intrusiones y ataques contra la propiedad privada.
El impacto de la reforma nacional en la Justicia local
En la agenda de la reunión también ocupó un lugar destacado el reciente avance legislativo en el Congreso de la Nación, luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo y las usurpaciones en campos y establecimientos rurales.
Al respecto, los dirigentes advirtieron que, de concretarse la sanción definitiva de la norma, se abrirá un nuevo escenario que representará un fuerte desafío para el Poder Judicial de Entre Ríos, el cual deberá contar con las estructuras necesarias para asegurar su aplicación efectiva y oportuna en el territorio.
Compromiso y reclamo de respuestas
Al término de la jornada, las entidades reafirmaron su voluntad de sostener el diálogo institucional y continuar presentando propuestas ante los distintos poderes del Estado, aunque subrayaron la urgencia de pasar a soluciones concretas y duraderas.
Desde la Mesa de Enlace remarcaron que garantizar la seguridad de las familias que viven y trabajan en el campo es una condición básica para resguardar la propiedad privada y permitir el normal desarrollo de la actividad agropecuaria en toda la provincia.
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