Por estos días, la sanidad animal en Argentina dejó de ser un tema estrictamente técnico para convertirse en un eje de discusión política, económica y estratégica. Las recientes resoluciones del SENASA no solo introducen cambios operativos, sino que abren una pregunta de fondo: ¿hasta dónde es posible desregular sin poner en riesgo un sistema que ha sido ejemplo a nivel mundial?
Durante décadas, el esquema sanitario argentino se construyó sobre una lógica de corresponsabilidad. El Estado fijaba las reglas, los entes sanitarios articulaban el territorio y los productores sostenían el sistema. Ese entramado permitió alcanzar un logro que no es menor: casi 20 años sin focos de fiebre aftosa y el reconocimiento internacional como país libre con vacunación, validado por organismos como la Organización Mundial de Sanidad Animal.
Sin embargo, el nuevo escenario plantea un giro profundo. La posibilidad de que cada productor elija libremente a su veterinario para vacunar —a partir de 2027— introduce competencia en un sistema que históricamente funcionó de manera coordinada. En paralelo, el cambio en el esquema de vacunación para 2026, que reduce la aplicación a categorías menores en la segunda campaña, se apoya en argumentos técnicos sólidos: la eficacia de las vacunas actuales y la inmunidad prolongada de los animales revacunados.
Desde el punto de vista económico, el impacto es innegable. Ahorrar millones de dosis implica una reducción concreta de costos en un contexto donde cada punto de competitividad cuenta. Para muchos productores, especialmente los medianos y grandes, esta flexibilización representa una oportunidad largamente esperada para ganar eficiencia y transparencia.
Pero la discusión no se agota en los números. Y aquí aparece un aspecto que muchas veces se menciona por lo bajo, pero que empieza a tomar mayor visibilidad: la estructura económica del propio sistema sanitario.
Diversas fuentes del sector señalan que los entes sanitarios y fundaciones no solo cumplen un rol operativo, sino que también sostienen estructuras administrativas y financieras propias. Esto incluye personal, logística, infraestructura y, en algunos casos, actividades complementarias que se financian a través del esquema de vacunación. Desde las entidades, estos costos son presentados como necesarios para garantizar la cobertura territorial y el funcionamiento del sistema. Sin embargo, para parte de los productores, especialmente en algunas regiones, existe la percepción de que dentro del valor de la dosis se incluyen componentes que exceden estrictamente la sanidad.
Este punto es clave para entender la tensión actual. La desregulación no solo busca eficiencia técnica, sino también transparentar y, eventualmente, reducir esos costos indirectos. En otras palabras, no se trata únicamente de “quién vacuna”, sino de “qué se está pagando cuando se vacuna”.
Ahora bien, el sistema sanitario no es una suma de decisiones individuales, sino una red donde cada eslabón influye en el conjunto. Y es allí donde surgen las principales alertas. Las entidades rurales advierten sobre un riesgo claro: la fragmentación. Si la lógica de mercado se impone sin mecanismos de compensación, los productores más chicos —muchos de ellos con menos de 100 cabezas— podrían quedar en una situación de desventaja, ya sea por costos más altos o menor acceso a servicios.
Más aún, la capacidad de respuesta ante una emergencia sanitaria podría verse comprometida. La historia reciente ofrece lecciones que el sector no olvida: la crisis de la aftosa de 2001 no solo cerró mercados, sino que dejó en evidencia lo frágil que puede ser el sistema cuando se rompe la coordinación.
En este nuevo esquema, la tecnología aparece como aliada. Herramientas como el SIGSA permitirán mejorar la trazabilidad y el control en tiempo real, mientras que el endurecimiento del marco legal —con actas digitales que tienen carácter de declaración jurada— busca garantizar la transparencia. Sin embargo, ningún sistema informático reemplaza completamente la presencia territorial ni el conocimiento local que históricamente aportaron los entes sanitarios.
El debate de fondo, entonces, no es técnico sino conceptual. Se trata de definir qué modelo sanitario quiere Argentina: uno basado en la competencia individual o uno sostenido en la cooperación colectiva, pero también uno donde los costos sean claros, auditables y percibidos como justos por todos los actores.
La respuesta probablemente no esté en los extremos. La eficiencia es necesaria, pero la sanidad animal es, por definición, un bien público. El estatus sanitario que hoy tiene el país —y que habilita mercados exigentes— no es el resultado de decisiones aisladas, sino de una construcción colectiva que llevó años consolidar.
En este contexto, la desregulación no debería interpretarse como un punto de llegada, sino como un proceso que requiere ajustes finos, monitoreo permanente y, sobre todo, diálogo transparente sobre algo que hasta ahora quedaba en segundo plano: cuánto cuesta sostener la sanidad… y quién paga realmente esa cuenta.
Porque en sanidad animal hay una regla que no cambia: el problema de uno nunca es solo de uno. Y en un país ganadero como Argentina, esa verdad sigue siendo tan vigente como siempre.
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