Desde la entidad explicaron que el objetivo de la presentación es aportar fundamentos técnicos e institucionales en defensa de una norma que —subrayan— fue construida a lo largo de más de cinco años de trabajo, con respaldo científico y amplio consenso político.
Reunión con el Gobierno provincial
El presidente de la BolsaCER, Héctor Bolzán, encabezó un encuentro con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, donde se presentó el informe técnico elaborado por la institución. Participaron además el secretario de Agricultura y Ganadería, Raúl Boc Ho; la directora de Agricultura, Carina Gallegos; representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y de la Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, entidad socia de la Bolsa y tercer interesado en la causa.
Durante la reunión se recordó que en 2019 el STJ ordenó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura provincial avanzar en una ley que regule las distancias de exclusión para aplicaciones fitosanitarias y el marco normativo integral de la actividad.
A partir de ese fallo, y durante las gestiones de Gustavo Bordet y luego de Rogelio Frigerio, se desarrolló un proceso técnico e institucional que derivó en la presentación de un proyecto de ley en 2024. La iniciativa fue debatida durante más de un año en la Cámara de Diputados, principalmente en la Comisión de Ambiente, incorporando aportes de múltiples sectores.
El resultado fue una ley sancionada con amplio consenso legislativo. Sin embargo, un año después de su aprobación, se promovieron acciones de amparo que cuestionan dos artículos vinculados a las distancias de exclusión.
El eje del debate
Más allá de la discusión puntual sobre los metros de resguardo, desde la Bolsa advierten que está en juego el alcance del riesgo y las consecuencias productivas que podría implicar la adopción generalizada de criterios fijados en antecedentes judiciales: 1.095 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aplicaciones aéreas.
Según la entidad, aplicar esos parámetros en todo el territorio provincial tendría un impacto significativo sobre la producción agropecuaria, el uso del suelo y la sostenibilidad económica de amplias zonas rurales.
El informe técnico
La BolsaCER realizó un análisis espacial para estimar la superficie agrícola afectada ante eventuales restricciones de 1.095 y 3.000 metros, tomando como referencia los casos de Loteo Tierra Alta y Aldea Salto. También evaluó el impacto territorial y en la producción alimentaria.
Una de las conclusiones más contundentes del informe señala que la imposibilidad de producir 33.700 toneladas de trigo y maíz —como consecuencia de las restricciones planteadas en los amparos— no es solo una cuestión agrícola, sino un problema de seguridad alimentaria.
Ese volumen de granos, base para alimentos derivados de harinas de trigo y maíz, equivale a más de 112 millones de platos de comida.
Desde la institución remarcan que la ley vigente contempla criterios basados en evidencia científica y establece mecanismos de resguardo que incluso superan estándares considerados razonables por la propia ciencia. Por ello, sostienen que resulta clave sostener un ordenamiento territorial equilibrado que garantice la convivencia entre desarrollo urbano y producción de alimentos, evitando que la expansión residencial comprometa el sustento productivo de la provincia.
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