Tres años después de haber sido vendidas a capitales privados, en la Cámara Baja vuelven a poner el foco en dos empresas estatales que habían sido creadas bajo el mandato del ex gobernador Sergio Urribarri y su entonces ministro de Producción, Roberto Schunk. Se trata de Procesadora Ganadera Entrerriana SAPEM y Cooperativa Tambera Paraná SAPEM. Sobre estas firmas, el legislador Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná) pide saber si se realizaron “controles de gestión” del exministro, en su calidad de presidente de ambas empresas y, en su caso, “actos administrativos y/o judiciales realizados a efectos de establecer responsabilidades en los términos del Capítulo IX de la Ley provincial Nº 5140”.
En esa línea, además, Vitor pregunta sobre el saldo adeudado a la fecha por ambas empresas al Estado Provincial, “originado en la adquisición de la tenencia accionaria en las empresas Procesadora Ganadera Entrerriana SAPEM y Cooperativa Tambera Paraná SAPEM y, en su caso, composición del mismo desde el total ofertado y aceptado de $ 111.000.000 (pesos ciento once millones)”.
Siguiendo en ese tema, el diputado inquiere respecto al saldo adeudado por el Estado Provincial, originado en el proceso aprobado por el Decreto provincial Nº 2191/14, incluido el relacionado con la obligación asumida para la cancelación de deudas existentes en Procesadora Ganadera Entrerriana SAPEM por $ 120.933.585 (pesos ciento veinte millones novecientos treinta y tres mil quinientos ochenta y cinco)
Además, Vitor quiere saber de toda otra obligación asumida formalmente por el Estado Provincial y por las empresas Cartipam SA y En Premieur SA como adquirentes de la tenencia accionaria en Procesadora Ganadera Entrerriana SAPEM y Cooperativa Tambera Paraná SAPEM; así como garantías constituidas por ambas firmas, de posible ejecución en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia de la transferencia del paquete accionario de las mismas.
Por último, pide detalle de la nómina de empleados de las empresas Procesadora Ganadera Entrerriana y Cotapa, antes de la adjudicación aprobada por el Decreto provincial Nº 3785/14 y al 31/08/2017, de manera de constatar el cumplimiento de la finalidad original de preservación de la fuente laboral relacionada.
Entre los fundamentos del proyecto, Vitor -que fue acompañado por varios de sus pares de bancada- sostuvo que, para evaluar la necesidad de información sobre el estado de situación general de la Licitación Pública Nº 1/14 y de las obligaciones que se originan en la misma -por las que se transfirieron a privados los pauetes accionarios del Estado- “y en los Decretos relacionados con la operatoria, es imprescindible considerar que los funcionarios intervinientes en la operatoria son los mismos que se encuentran involucrados en la causa caratulada “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel s/ estafa (en perjuicio de la Administración Pública) – Expediente judicial Nº 64.002”, mediáticamente conocida como la “causa de las cosechadoras” por la cual se investiga una posible maniobra dirigida a beneficiar a los empresarios propietarios de la firma “Grandes Máquinas de Concepción del Uruguay SA”, lo que habría permitido la apropiación y desvío de fondos obtenidos a través de la asistencia financiera otorgada por el Estado Provincial, pudiendo causar un perjuicio a la administración pública por la suma total desembolsada”.
Fuente: RecintoNet
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