Según estas entidades, la medida fue adoptada en un contexto de emergencia que ya ha sido superado, por lo que consideran que su continuidad afecta negativamente el desarrollo económico y la permanencia de la población en el territorio insular.
Las organizaciones resaltan que la producción ganadera en las islas ha sido una práctica sostenible durante más de 200 años, integrándose armónicamente con el medio ambiente. Subrayan, además, que para asegurar un manejo responsable de estas actividades, es fundamental realizar tareas de dragado y mantenimiento de caminos, que también son vitales para prevenir incendios y garantizar el bienestar animal.
CRA y FARER instan a las autoridades a actuar en consonancia con el municipio de Victoria y otras entidades para eliminar esta restricción judicial, al considerar que ya no es pertinente y que su levantamiento permitirá retomar una actividad productiva clave para la región y esencial para la permanencia de sus habitantes.
Comunicado de las entidades
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