“La prohibición de aplicar fitosanitarios que ha establecido un fallo de la Justicia entrerriana, ignorando la información científica técnica disponible, significa para nuestras empresas agropecuarias la irracional obligación de someternos a la negativa de producir.
Para el actual proceso productivo tenemos como herramienta fundamental la aplicación de fitosanitarios que nos permite proteger a los cultivos, agrícolas y forrajeros, contra las malezas, insectos y hongos. De no poder aplicarlos es igual a tener muy poca producción o NO tenerla.
Por otra parte, la prohibición de aplicarlos en un radio de mil metros respecto a una escuela rural, representa mínimamente unas 300 hectáreas sin producción alrededor de esa escuela. Para los productores vecinos a la escuela pueden significar que toda su empresa quede fuera de la producción.
Es por esto que los productores fuertemente perjudicados por la justicia ya están considerando diversas salidas frente a este problema inverosímil, como la de abandonar la producción y migrar a las ciudades en busca de empleo. También, retirar sus hijos de estas escuelas rurales; muchas de ellas construidas en terrenos donados por sus abuelos y que funcionan actualmente porque tienen cooperadoras sostenidas por esos mismos productores vecinos y padres de los niños que asisten a esas escuelas.
La asistencia de los gurises y de los maestros a esas escuelas rurales se ve impedida muchos días al año debido al mal estado de los caminos rurales, otro problema permanente e insoluble para los productores que no logran que sus reclamos sean atendidos por la Provincia y por Vialidad.
Es por eso que esta prohibición de producir por estar cerca de una escuela rural es un factor que hará forzar en muchos casos la decisión de mandar los gurises a una escuela en la ciudad, produciendo un éxodo rural y por ende un desarraigo del lugar donde se está viviendo. Es impensado para una familia que de la noche a la mañana no puede disponer de sus tierras para producir, ese es su modo de vida, de sustento. Se están observando ya las consecuencias psicológicas que esto acarrea y que destruye sueños de familias de campo.
El fallo judicial del Estado entrerriano no ha tenido en cuenta que para cuidar la salud de los gurises del campo, no es necesario sacar de la producción más de 300 mil hectáreas en la provincia, si no requerir otras medidas cuyo incumplimiento son responsabilidad del mismo Estado. Antes de prohibirnos producir deberían haber tenido para el sistema productivo que requiere este fallo todas las herramientas viables y sostenidas en el tiempo para poder cambiar el actual modelo de producción. Con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) la producción entrerriana muestra una de la forma de trabajar las tierras. Es una gran paradoja que un poder del Estado provincial falle contra de otro poder, afectando la economía de un gran territorio y sus habitantes, demostrando así su incapacidad e incompetencia para solucionar los problemas de la gente y en consecuencia generando más perjuicios que beneficios”, señala el comunicado de la entidad.
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