El Gobierno Nacional anunció la reestructuración de siete organismos públicos que considera “sobredimensionados e ineficientes“, con el objetivo de optimizar funciones estatales y reducir el gasto. Entre ellos se encuentran el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), entre otros.
Según el comunicado oficial, la reforma busca promover un esquema administrativo “más racional, eficiente y transparente”, suprimiendo organismos o integrándolos como dependencias directas del Ministerio de Economía. En el caso del INTA, se lo transforma en un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, con un nuevo enfoque en innovación y transferencia tecnológica, dejando de lado su histórica función de extensión rural y apoyo a la agricultura familiar.
Expresiones de de la Mesa de Enlace nacional
Desde la Mesa de Enlace Nacional, integrada por las máximas autoridades de las cuatro entidades rurales (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y Federación Agraria Argentina), expresaron su postura crítica frente a los cambios.
En un comunicado conjunto señalaron: “Resulta inaceptable que se recorte la participación de las provincias y de las entidades del sector agropecuario en organismos como el INTA o el INASE, que fueron construidos con enorme esfuerzo colectivo y federal. Esta decisión rompe con el principio de cogobernanza que fue clave en la credibilidad y efectividad de estos entes técnicos”.
Además, advirtieron sobre los efectos del cierre de agencias de extensión rural: “El retiro del INTA del territorio sería un retroceso gravísimo para las economías regionales, especialmente en un contexto de crisis climática y falta de acceso a tecnologías por parte de los pequeños y medianos productores. Las decisiones deben basarse en una planificación de largo plazo y no en una lógica fiscalista de corto vuelo”.
Finalmente, solicitaron al Congreso Nacional y a los gobiernos provinciales que intervengan para “preservar las capacidades institucionales construidas a lo largo de décadas” y garantizar el acceso equitativo a políticas públicas agropecuarias.
Críticas desde el cooperativismo y la producción de pequeña escala
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, expresó una profunda preocupación por el rumbo de las modificaciones. “Vemos un creciente centralismo, con organismos gobernados casi totalmente por representantes del Poder Ejecutivo, recortando el rol del sector privado y las provincias. Esto atenta contra el federalismo y la articulación público-privada, clave en organismos como el INTA”, advirtió.
Respecto de la disolución del INAFCI, del Banco de Tierras y del INASE, Sarnari fue contundente: “Son herramientas por las que peleamos durante años. Que se hayan gestionado mal no justifica eliminarlas. Los productores de menor escala somos los más perjudicados por esta desarticulación”. También alertó sobre la pérdida de autonomía del INTA y el debilitamiento de su estructura de gobernanza: “Dejarlo al arbitrio del gobierno de turno compromete su rol estratégico de largo plazo”.
Desde Córdoba, CONINAGRO pidió más transparencia y participación
En tanto, la presidenta de CONINAGRO Córdoba, Vanesa Padulles, también expresó reservas ante los cambios: “Nos preocupa el futuro de los centros regionales, como los de Córdoba. Aunque haya participación formal en consejos asesores, queremos que se escuche a los actores del sector”.
Padulles remarcó que si bien se reconoce que algunos cambios eran necesarios, no se comparte la forma en que fueron decididos: “Esperamos que el gobierno se haga cargo de las consecuencias. Si el proceso fracasa, deberán asumir su responsabilidad”. Además, advirtió que la quita de autonomía al INTA puede entorpecer su efectividad: “Era un organismo útil, cercano a los productores. Queremos confiar en que los cambios sean para bien, pero lamentamos que se hayan decidido en soledad”.
APINTA denuncia un intento de vaciamiento
Desde el gremio que representa a los trabajadores del INTA, APINTA, se lanzaron duras acusaciones. “El gobierno quiere destruir uno de los organismos más prestigiosos del país y del mundo. Se eliminan los Consejos Directivos, se cierra la red de agencias de extensión rural y se anuncia la disponibilidad de 1500 trabajadores, lo que implica despidos encubiertos”, denunciaron en un comunicado.
La entidad advirtió que el verdadero objetivo sería facilitar la venta de activos del organismo y desmantelar el patrimonio científico y tecnológico construido durante décadas. “No vamos a entregar el INTA. La lucha recién comienza”, afirmaron desde APINTA, anticipando medidas gremiales, acciones judiciales y el pedido de respaldo a gobernadores y legisladores.
La postura del Gobierno
Desde el Ejecutivo, la argumentación oficial se sostiene en criterios de eficiencia y reducción del gasto público. Señalan que organismos como el INTA, el INASE o el INAFCI operaban con estructuras sobredimensionadas y, en algunos casos, con funciones superpuestas o convertidos en “cajas políticas”.
En el caso específico del INTA, justifican la pérdida de su carácter descentralizado por su supuesta ineficiencia, dispersión operativa y escasa alineación con los lineamientos de la política agropecuaria nacional. El nuevo enfoque apunta a la generación de bienes tecnológicos y la formación de productores “altamente capacitados e interconectados con redes privadas”.
Mientras el Gobierno defiende los cambios como parte de un proceso de racionalización y modernización del Estado, desde distintos sectores del agro y la ciencia pública advierten por un vaciamiento institucional, la pérdida de visión estratégica y el retroceso en materia de desarrollo territorial y federalismo.
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