Fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, y el Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, se reunieron ayer con representantes de toda la cadena productiva para anunciar importantes medidas para el sector.Durante el encuentro realizado en la sede de la cartera agropecuaria nacional, el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, adelantó que el gobierno nacional emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fijará que todos los pagos por derecho de propiedad deben realizarse en la semilla, además de crear un registro de uso propio” que determinará qué porción de la semilla no fiscalizada es de uso propio y qué porción corresponde al comercio de “bolsa blanca”.
En este sentido, el DNU excluirá del pago a los pequeños agricultores y también creará un fideicomiso para el fomento de la biotecnología en el país a través del cobro de un canon tecnológico.
Carlos Casamiquela destacó “el consenso alcanzado entre el Estado y los diversos actores”, al resaltar que “la modernización del sistema de pago, que establece que no haya dos derechos de propiedad sobre el mismo bien”.
De la reunión participaron representantes de acopios, exportadoras, cadenas, semilleros y entidades técnicas y de productores, quienes coincidieron en valorar la voluntad del gobierno por alcanzar el consenso necesario para solucionar el problema histórico del comercio de semillas en el país, que en los últimos tiempos había generado conflictos entre diversos actores de la cadena.
Aníbal Fernandez ponderó la interacción lograda entre los sectores público y privado, y subrayó la necesidad de que haya claridad en términos de registro para proteger “a los más débiles y vulnerables y poner un fin a tantos años de discusión”.
Del encuentro participaron además el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; el subsecretario de Agricultura, Juan Maceira; y representantes de SENASA, INASE y la Dirección de Matriculación y Fiscalización.
En tanto que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del MAGyP, Gabriel Delgado, expresó que “las inversiones y el desarrollo de la biotecnología y el germoplasma son fundamentales para nuestro país y el mundo. Es un camino de agregado de valor y generación de empleo que tiene que ser incentivado con reglas claras y el consenso de todos los actores”.
Del encuentro participaron además el secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, Javier Rodríguez; el subsecretario de Agricultura, Juan Maceira; y representantes de SENASA, INASE y la Dirección de Matriculación y Fiscalización.
Adhesión de Arpov
Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov) expresó, entre otros puntos, “su adhesión a la propuesta que permita potenciar el mercado legal de semilla y brinde el marco adecuado para que las creaciones de los obtentores puedan ser reconocidas con el pago del derecho de propiedad intelectual en la semilla, tanto en el momento de compra de semilla fiscalizada como en el momento de uso de semilla de propia producción”
Piden que exportadores e industrializadores “se abstengan” de incorporar la cláusula porque “el Estado nacional se expresó en contra”.
En un comunicado la Sociedad Rural Argentina; Confederaciones Rurales Argentinas; Federación Agraria Argentina; CONINAGRO; Federación de Acopiadores de Granos y Centro de Corredores de Cereales de Rosario expresaron que “los principales exportadores e industrializadores de soja del país, resolvieron, a pedido de Monsanto, incorporar a sus contratos de compra de mercadería una cláusula que obliga a los vendedores a aceptar una retención compulsiva por parte de aquellos, en caso que se detectara (mediante un procedimiento carente de reconocimiento oficial) la presencia de tecnologías supuestamente patentadas.La pretensión de Monsanto es establecer un sistema ilegal consistente en que los distintos actores de la cadena, fiscalicen, informen y retengan dinero de manera compulsiva, en perjuicio de productores, acopios y cooperativas, lesionando la transparencia del sistema comercial mediante la generación de una posición dominante de mercado.”
El comunicado aclara que “así como oportunamente hemos recomendado a los vendedores no aceptar la imposición de tales condiciones, reiteramos nuestro requerimiento a los exportadores e industrializadores, para que se abstengan de incorporar la misma en los contratos de compraventa de granos.Es importante informar que el Estado Nacional se expresó en contra de la cláusula que exige Monsanto.”
Finalmente las entidades firmantes reiteraron , que alientan la generación de nuevas tecnologías, y aceptan que las mismas sean adecuadamente remuneradas, con arreglo al marco legal respectivo,” lo cual de ningún modo puede justificar la convalidación de tan perverso sistema.”
Fuente: Punto Biz /Arpov /Coninagro
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