Este miércoles se realizará una movilización para presentar el pedido de inconstitucionalidad de la Ley de acueductos
La multisectorial en defensa del patrimonio de los entrerrianos marchará este miércoles por la mañana hasta el palacio de Tribunales donde entregará al Superior Tribunal de Justicia (STJ) un pedido de inconstitucionalidad de la Ley que autorizó al Ejecutivo a tomar un crédito por hasta de 430.387.551 de dólares con los bancos estatales y aseguradoras de crédito de la República de China para realizar dos acueductos de forma arbitraria y sin licitación pública con China State Construction Engineering Corporation (Cscec).
El año comenzó agitado en Entre Ríos, en la ‘primavera urribarrista’ se logró sancionar una Ley, entre gallos y medianoche, que permite al gobierno en su último tramo de gestión endeudar en dólares a la provincia para realizar dos acueductos sin estudios de impacto ambiental y de forma arbitraria, monopólica e inconstitucional con la multinacional Cscec.
En ese marco, la multisectorial que integran organizaciones sindicales, estudiantiles, no gubernamentales y políticas, convocaron para hoy miércoles a una marcha que saldrá, a las 11, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná a Tribunales, donde se realizará una presentación ante el STJ para que declare inconstitucional la norma sancionada por el parlamento oficialista provincial.
Desde el proyecto de extensión ‘Por una nueva economía, humana y sustentable’ de la Facultad de Ciencias de la Educación (FCE) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) explicaron a esta Agencia que “la Ley 10.352 y los actos cumplidos por los funcionarios en relación a esta normativa podrían constituir el mayor acto de corrupción de la Historia de la Provincia”.
Entre los fundamentos de la nulidad de la Ley se explica que “se trata de dos autorizaciones otorgadas al gobernador (Sergio Urribarri) para endeudarse con un banco estatal Chino por más de 430 millones de dólares en concepto de capital, con más sus intereses usurarios, más 500.000 de dólares por honorarios, más el 1,5 por ciento por intermediación, más la prima del seguro, más viáticos y otros gastos con el fin de pagar una obra pública (dos acueductos), a realizar por contratación directa también a una empresa constructora estatal china”.
El préstamo y la obra “se han comprometido ya por el gobernador en su reciente viaje en el que fue acompañado por el Fiscal de Estado, Julio Rodriguez Signes, y la legisladora nacional Sigrid Kunath, siguiendo la comitiva presidencial, el 26 de enero del 2015”.
Según el Anexo I de la Ley, “las condiciones de contratación podrán ser variadas según interés del banco prestamista hasta el momento de la celebración del contrato de préstamo. El banco exige, además, -y así lo hicieron el gobernador y el fiscal- que el contrato de préstamo se celebre bajo estricto secretismo y cláusulas de confidencialidad, aceptando la provincia someterse a tribunales extranjeros y legislación extranjera”.
Entre Ríos, además “se hará cargo de todas las responsabilidades emergentes del contrato y reconoce y acepta que el banco se exima de todas las responsabilidades emergentes del contrato, inclusive la responsabilidad penal”.
“El fiscal de Estado y el gobernador, fueron los principales responsables de la negociación y de las relaciones bilaterales”, advirtieron.
Los actos previos a la negociación fueron rigurosamente ocultados al pueblo de la provincia, a los productores, a las entidades rurales, a las organizaciones ambientalistas y a los legisladores de la oposición. El gobierno no respondió ningún pedido de información pública previa al tratamiento del proyecto.
Al momento de la sanción de la ley, las obras proyectadas no se habían consultado públicamente. Se negó participación especialmente a los productores. Tampoco se habían realizado estudios previos de impacto ambiental.
Los compromisos contraídos por el gobernador con las entidades Chinas “ya han generado erogaciones a exclusivo cargo de la provincia que no fueron presupuestadas”.
Además, el lugar del hipotético emplazamiento de los acueductos “no necesita riego artificial. El régimen de lluvias y los suelos hacen inconveniente este tipo de obra en la zona de Paraná-Las Estacas. En Mandisoví, la obra de riego -según afirma el gobierno- beneficiaría 127 productores”, aclararon desde la multisectorial.
Además, estas obras tienen como antecedente un proyecto hecho y pagado por la Provincia en colaboración con la Nación (Prosap). En 1999 los acueductos se habían presupuestado oficialmente en 47 millones de dólares y 45 millones de dólares cada uno. Comparativamente, no se justifican los más de 430 millones de dólares de la deuda externa autorizados por la irregular Ley”.
“Tanto el proyecto de obra como el presupuesto de la Empresa china no existieron ni existen. No se conoce”, advirtieron, y remarcaron que “esto significa que al momento de sancionar la Ley se desconocía el costo real de ambas obras. Y aún se ignora. También se ignoraban -e ignoran- las características, los materiales, la traza, de los acueductos”.
“Al momento de la sanción de la ley y aún ahora no hay expediente que diera justificación, fundamento y razón al monto del endeudamiento. No existe expediente en el que se estudiara el presupuesto de obra y su valor estimado”, remarcaron.
Una de las irregularidades más graves del proceso de esta Ley “fue el absoluto silencio y la omisión de intervención de los órganos de control del Estado entrerriano, abdicando de sus obligaciones funcionales, en perjuicio directo del Pueblo y del Estado Provincial”, insistieron.
Fuente :AIM
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