La Mesa de Enlace de Entre Ríos —integrada por FEDECO, la Sociedad Rural Argentina (Distrito 7), FARER y Federación Agraria Argentina— emitió un duro comunicado titulado “Denunciamos la desprotección del productor rural y reclamamos una Justicia que actúe frente al delito”. A través del documento, las entidades manifestaron su alarma ante la persistencia de la inseguridad en los establecimientos productivos y criticaron la falta de respuestas coordinadas en el ámbito de la Justicia.
El caso en Bovril: un ejemplo de la “puerta giratoria”
El desencadenante del reclamo fue un hecho ocurrido en la zona de Bovril, el mismo día en que los dirigentes mantuvieron una reunión con las máximas autoridades policiales de la provincia.
Durante un operativo policial, se interceptó un vehículo con cinco ocupantes que transportaban cortes cárnicos de una faena reciente, cuchillos y otros elementos. Cuatro personas fueron detenidas y una logró darse a la fuga. Sin embargo, la tensión se incrementó debido a que el pedido de localización fue rechazado, ya que la Policía solicitó medidas al Ministerio Público Fiscal de La Paz para dar con el prófugo, pero la solicitud fue denegada. esto se suma la carátula del delito, que a pesar del contexto de abigeato, el hecho fue calificado como “resistencia a la autoridad”, lo que habilita la pronta liberación de los aprehendidos.
Desde la Mesa de Enlace remarcaron que este tipo de actuaciones judiciales terminan por desalentar el trabajo de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales de la provincia, cuyos efectivos arriesgan su integridad física frente a delincuentes que muchas veces actúan armados.
Exigencia de respuestas institucionales y coordinación
Las entidades rurales advirtieron que la prevención policial pierde efectividad si las actuaciones no se sostienen en los tribunales. En ese marco, reclamaron una revisión urgente del sistema para frenar la sensación de “puerta giratoria”.
“Los productores entrerrianos atravesamos una situación de indefensión cada vez más preocupante, que requiere respuestas inmediatas, compromiso institucional y acciones coordinadas para garantizar la seguridad en el ámbito rural”, concluyeron en la declaración.
El reclamo al Superior Tribunal: “Se exige una revisión urgente”
Ante este panorama, la Mesa de Enlace le exigió al Procurador General una “urgente intervención para arbitrar los medios con el fin de lograr tranquilidad a los productores de la zona”, advirtiendo que el trabajo diario de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales se diluye cuando las actuaciones policiales chocan contra un fuero judicial inactivo o permeado por la sensación de “puerta giratoria”.
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