La iniciativa busca superar la dispersión normativa vigente y constituirse en una arquitectura jurídica integral, orientada a una producción sostenible del siglo XXI, alineada con la Ley General del Ambiente (25.675) y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
El anteproyecto del Nuevo Código Rural de Entre Ríos fue presentado por los integrantes del Instituto de Derecho Agrario y Minería del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) los doctores: Servando Álvarez Maldonado, Carolina Isern, Isabel Pazo y Horacio Maiztegui Martínez, quienes expusieron los fundamentos, la arquitectura jurídica y los principales ejes de la propuesta, estructurada en cinco pilares estratégicos para el desarrollo rural de la provincia.
Durante el coloquio los profesionales que trabajaron intensamente a lo largo de un año, destacaron la complejidad, el alcance y el carácter participativo de la iniciativa, que propone una actualización integral del marco normativo agrario provincial.
El proyecto, compuesto por 651 artículos, fue definido como un trabajo “académicamente sólido y de avanzada”, con un exhaustivo respaldo doctrinario: cada artículo cita expresamente la fuente jurídica de la que proviene. Según explicaron los expositores, este nivel de profundidad requiere un estudio detallado por parte de especialistas, razón por la cual los coloquios organizados por el Instituto constituyen el puntapié inicial de un proceso de análisis, debate y perfeccionamiento colectivo.
Un código abierto a aportes y correcciones
Los integrantes del Instituto subrayaron que el anteproyecto se encuentra abierto a correcciones, aportes e implementaciones por parte de abogados, técnicos y actores del sector agropecuario. El objetivo es arribar, hacia mediados de febrero, a un texto optimizado que se consolide como una herramienta útil tanto para el Estado como para la producción entrerriana.
En ese sentido, se destacó el carácter plural del trabajo, que demandó más de un año de esfuerzo conjunto de más de 20 juristas, y la vocación de integrar nuevas miradas, sin más requisito que el interés y la formación en derecho agrario.
Cinco pilares para una arquitectura jurídica integral
El anteproyecto se estructura sobre cinco grandes pilares, que conforman la arquitectura jurídica del nuevo Código Rural:
- Propiedad y territorialidad
- Sostenibilidad y recursos naturales
- Producción y fomento
- Gobernanza y sanidad
- Justicia y jurisdicción
Cada uno de estos ejes fue desarrollado por distintos especialistas del Instituto durante el coloquio.
Propiedad, territorialidad y unidad económica
En el primer pilar, dedicado a la propiedad y territorialidad, se destacó la sistematización normativa como respuesta a la actual dispersión de leyes, superposiciones, vacíos legales y burocracia. El Código propone definiciones modernas y precisas de conceptos centrales como actividad agraria, productor agropecuario, establecimiento rural y hacienda, inspiradas en la doctrina clásica del derecho agrario europeo.
Un instituto clave dentro de este pilar es la Unidad Económica Agraria, que establece la prohibición de subdividir predios rurales por debajo de superficies productivas viables, definidas por departamento. Se abandona así el criterio de zonas agroecológicas, buscando mayor previsibilidad y adecuación a la realidad territorial. El régimen contempla excepciones específicas —como obras públicas o proyectos de agroturismo— y prevé sanciones severas, incluida la nulidad absoluta de los actos que violen el principio.
Recursos naturales y sostenibilidad
El segundo pilar, enfocado en sostenibilidad y recursos naturales, declara de orden público la conservación del suelo, crea áreas de conservación (voluntarias, obligatorias y experimentales) y establece incentivos fiscales vinculados al Impuesto Inmobiliario Rural para quienes adopten prácticas conservacionistas certificadas, como la siembra directa.
También regula el régimen de aguas, tanto superficiales como subterráneas, priorizando el consumo humano y estableciendo principios de equidad, proporcionalidad y uso racional. El capítulo se completa con un marco integral de protección de bosques nativos y cultivados, fauna silvestre y pesca, con regulaciones específicas sobre vedas, licencias, tamaños mínimos y métodos prohibidos, siempre bajo el eje de la sustentabilidad.
Producción, valor agregado y arraigo
El pilar de producción y fomento parte de la importancia estratégica de la actividad agropecuaria como principal fuente de riqueza de Entre Ríos. El anteproyecto propone reglas claras para la producción de alimentos, promueve la agroindustria en origen y busca reducir la exportación de materias primas sin procesar, fomentando la generación de empleo, el arraigo rural y el desarrollo local.
Se destaca además la diversidad productiva de la provincia —agricultura, ganadería, apicultura, citricultura y producción de cereales y oleaginosas— y el potencial que brindan sus recursos naturales, el clima y la disponibilidad de agua.
Gobernanza y sanidad: trazabilidad, control y un Estado más eficiente
El cuarto pilar del anteproyecto está centrado en la gobernanza y la sanidad, con el objetivo de garantizar una producción segura, trazable y con reglas claras. El Código declara la sanidad animal y vegetal como materia de orden público, estableciendo la obligación de denunciar enfermedades, combatir plagas y cumplir normas de higiene en toda la cadena productiva.
En este eje se propone una modernización integral de los sistemas de control, incorporando herramientas como la trazabilidad electrónica, las guías y certificados digitales para el tránsito de hacienda, y nuevos mecanismos de identificación animal, como la caravana botón para porcinos, eliminando prácticas consideradas obsoletas.
Además, el anteproyecto impulsa la creación de una autoridad única de aplicación, el Consejo Agrario Entrerriano (C.A.E.), que unifica competencias hoy dispersas en distintos organismos y consejos. Esta estructura busca agilizar resoluciones administrativas vinculadas al suelo, los caminos rurales, el crédito y la sanidad, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia del Estado en su relación con el sector productivo.
Justicia y jurisdicción: un fuero agrario especializado
Otro eje innovador en el quinto pilar, es la creación de un Fuero Rural, con juzgados de paz rurales en cada departamento, una Cámara de Apelaciones Rural Provincial y procedimientos ágiles, orales y de bajo costo, pensados específicamente para los conflictos del ámbito agrario y ambiental.
El nuevo proceso agrario se caracteriza por su celeridad, oralidad y economía, priorizando la solución efectiva del conflicto por sobre el formalismo. Se prevé además la mediación previa, amplias facultades del juez para ordenar pruebas de oficio y la búsqueda de la verdad material, aspectos considerados clave para brindar respuestas más rápidas y adecuadas a productores y comunidades rurales.
Un código integral y no improvisado
Por su parte, el Dr. Horacio Maiztegui Martínez subrayó que “el anteproyecto no es un trabajo improvisado”, sino que se basa en el histórico proyecto del Dr. Fernando P. Brebbia, con fuentes claramente identificadas en cada artículo. Recordó además intentos previos de avanzar con un Código Rural en la provincia y destacó el trabajo colectivo de más de 20 juristas durante un año.
Maiztegui explicó que el objetivo central es unificar toda la normativa agraria provincial en materias donde Entre Ríos tiene competencia —como suelos, aguas, bosques, fauna y producción—, respetando en gran medida la legislación vigente, pero incorporando aportes innovadores.
Un proceso en construcción
Desde el Instituto de Derecho Agrario y Minería del CAER remarcaron que este anteproyecto no constituye un punto de llegada, sino el inicio de un proceso colectivo de construcción normativa, orientado a dotar a Entre Ríos de un Código Rural moderno, integrado y adaptado a los desafíos productivos, ambientales y sociales del presente y del futuro.
Por Rosario Perrière
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